Opinión
Mujer y participación en política
8 de Marzo, reivindicación de derechos
por Ivana Fischer (Periodista)   
 
En algunos países, la mujer ha tardado siglos en conseguir igualdad ante la ley. Sin embargo, aun cuando la ley “lo dictamine”, hay un gran abismo entre la teoría y la práctica. El pleno ejercicio del derecho de ciudadanía implica el garantizar la participación de todas las personas en todos los ámbitos de decisión.
Desde la lucha de las primeras sufragistas que reivindicaban el derecho al voto, hasta nuestros días, se han alcanzando varias metas. Del ámbito privado y doméstico, hemos pasado al espacio público y social. Nos hemos incorporado a la vida laboral, y muchos de nuestros derechos han sido reconocidos. Pero todavía resta bastante por hacer.
La publicación de las Naciones Unidas titulada The World’s Women dice: “Esta brecha, en la política gubernamental, ha quedado recogida, en gran parte, en las leyes que niegan a la mujer la igualdad con el hombre en lo que respecta a sus derechos de tenencia de tierras, solicitud de préstamos de dinero y firma de contratos”. Una mujer de Uganda declaró: “Seguimos siendo ciudadanas de segunda clase... o de tercera clase más bien, pues nuestros hijos varones van delante nuestro. Hasta los burros y los tractores reciben, a veces, mejor trato”. En numerosos lugares del mundo, las mujeres siguen demandando derechos básicos, como acceder a la educación, la cultura, el trabajo o la política. Las mujeres expresan, hoy, su voluntad de participar, en condiciones de igualdad, en sectores en los que tradicionalmente su participación ha sido minoritaria.
En contrapartida, si tomamos, para el análisis, América Latina, se registran datos alentadores. Según cifras del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer, en la actualidad, las mujeres ministras representan el 25 por ciento del total de los gabinetes ministeriales en el continente.
Si damos un vistazo a la realidad actual argentina, a 25 años de vida democrática, las mujeres han avanzado en la vida política del país, ocupando cargos políticos, cada vez más importantes, en ministerios, cargos legislativos, intendencias. En la Casa Rosada, por primera vez, una mujer fue elegida para el cargo de Presidenta de la Nación por el voto popular.
El establecimiento del “cupo femenino” ha provocado un efecto positivo en la mayoría de los países. Desde el momento en que entraron en vigor estas leyes, la representación de la mujer en los Congresos de América Latina, se disparó. Aunque, en algunas sociedades, este tipo de normas, a pesar de fijar porcentajes mínimos de candidatas, toman la forma de recomendación por parte de los partidos políticos y no como un mandato. Por tanto, se hace necesario, a fin de que se aplique de manera efectiva, que se lo instituya por una norma constitucional.
Significa un progreso que las mujeres estén ocupando cargos ministeriales y presidenciales en el continente, pero todavía falta mucho para que se implementen medidas que permitan un acceso más igualitario a los cargos políticos de los estados. Aún se debe limar las aplicaciones de las cuotas, que, en diversos casos, terminan ocupando un lugar simbólico.
Asimismo, se debería promover la distribución igualitaria de los candidatos en las listas de los partidos políticos, no debiendo relegar, a las postulantes, a un espacio inferior, en donde su presencia se reduce a un mero decoro.
En cuanto al trabajo por la igualdad de derechos, éste debe partir de lo más básico: la educación. Con un replanteamiento de los conocimientos, los valores y las actitudes que se imparten en la escuela, se pueden abolir todo tipo de estereotipos discriminatorios y potenciar la formación de las mujeres en igualdad de derechos.
Seguramente, para quienes disfrutamos de la libertad de poder movernos “cómodamente”, sin restricciones; de poder estudiar, trabajar, criar a nuestros hijos, decir lo que pensamos, de participar, si así lo deseamos, en política, las visiones extremas nos parecen un sinsentido. La paridad es un mecanismo más, entre otros posibles, para caminar hacia la igualdad, un derecho para todos los ciudadanos y no para unos pocos.